Triunfo Ecologista en los Esteros del Iberá

Fuente: Salvemos al Iberá.org

El pasado 13 de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una decisión tomada por unanimidad, rechazó el Recurso de Queja presentado por Haciendas San Eugenio S.A. (ex Forestal Andina), ratificando así la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes que ordena la demolición del terraplén ilegal y agotando definitivamente todas las instancias judiciales.
Ante la noticia, la coalición No a Los Terraplenes festeja que finalmente se hizo justicia. Al igual que todos los tribunales de la Provincia de Corrientes, el mayor órgano judicial del país les ha dado la razón a los habitantes del paraje Yahaveré. Es ampliamente destacable que a pesar de las sucesivas instancias por las que paso este caso, no hubo un solo juez que disidiera con el justo reclamo de los pobladores del estero.
La Justicia ya dio su veredicto final. De aquí en más, resta que de una vez por todas las autoridades responsables hagan cumplir la sentencia y no se presten nuevamente al juego de una empresa que una y otra vez desacató los mandatos judiciales alardeando de una impunidad sorprendente.
Antes de que la causa fuera remitida a la Corte nacional, cuando esta se encontraba en proceso de ejecución, la empresa demandada firmó un acuerdo ante el Juzgado de Primera Instancia en el que se comprometió a realizar un estudio de impacto ambiental sobre cómo iba a realizar la demolición de la obra, debiendo el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) evaluarlo y aprobarlo.
Tras el dictamen de la Corte este acuerdo renueva su validez, por lo que es imperioso que la gestión se haga en forma urgente y que la muralla de tierra sea derrumbada en su totalidad, para evitar mayores daños sobre el ecosistema de Iberá y los habitantes del paraje Yahaveré.
Haciendas San Eugenio se ha caracterizado no sólo por incumplir la medida cautelar que ordenó la suspensión de la obra ilícita, sino por delatar todos los tiempos de cumplimiento de las sentencia con apelaciones, recursos jurídicos y administrativos, que sólo generaron mas daño al bien público y a la figura de Reserva y Parques Provinciales.
Ahora ya no le quedan más instancias judiciales a las que apelar, por lo que es de esperar que el Estado adopte una participación activa en el cumplimiento de sentencia, en el cobro de las multas correspondientes por incumplimiento y en el resarcimiento de daños a la sociedad y la Reserva que la empresa deberá pagar por todos los años de ilegalidad descarada.